Un necesario Pacto de Estado

Todo el mundo quiere un Pacto de Estado: para la educación, para la sanidad, para la energía, para la regulación laboral… También para el cine español sería necesario y deseable, con el fin de darle una estabilidad y una seguridad de funcionamiento con las que ahora no cuenta. Depender de la mejor o peor voluntad del Gobierno de turno, e incluso a veces de filias o fobias personales, no es la manera idónea de consolidar una cinematografía.

La idea de que nuestro cine sea entendido como una “cuestión de Estado” por su relevancia cultural, industrial, patrimonial y de presencia exterior, no es precisamente nueva. Yo mismo la he expresado en estas páginas de Turia en diversas ocasiones o en otros medios, como en el diario “El Mundo” de diciembre de 2009, todavía con el PSOE en el poder, o en la revista de la Academia en 2012, ya con el PP. Ni tampoco es una idea extemporánea o alejada del entorno europeo: aunque sin un texto escrito, en Francia –por ejemplo– viene practicándose desde después de la II Guerra Mundial, y no parece que les vaya nada mal esta continuidad de una política cinematográfica, y de toda la cultura, al margen de que el Gobierno sea detentado por partidos de uno u otro signo.

¿Tan difícil sería llegar a una docena de puntos que “protegieran” al cine español de las inclemencias políticas? En un país donde se han acordado Pactos fundamentales como los de La Moncloa o el de Ajuria Enea, ¿tan complicado resulta establecer unas bases sólidas que todos puedan aceptar y, a partir de las cuales, desarrollar una serie de disposiciones legislativas y no legislativas que sirvan para hacer el camino más fácil y continuado para nuestro cine? Quizá solo falte saber, diciéndolo en plan coloquial, quién “le pone el cascabel al gato”, quién propone una iniciativa que debería tener una sencilla ejecución si es que existiera la imprescindible voluntad política.

También esa consideración de “cuestión de Estado” y el Pacto generado a partir de ella servirían para mejorar la imagen que los ciudadanos tienen de su cine, hoy sometida tantas veces a cuestiones ideológicas que parecen irreductibles, con un importante porcentaje de la población que lo detesta sin mayores argumentos. La cultura y la industria necesitan de un cierto consenso para poder desarrollarse en libertad creativa, con respaldo económico público y disponiendo de seguridad jurídica para sus empeños. Saber que se tiene detrás a todo el espectro político, que –con su lógica diversidad– los partidos pudieran ponerse de acuerdo en un documento claro, concreto y específico, solo habría de traer beneficios a nuestro cine, logrando algo que nunca antes se ha conseguido. Ahora puede ser el momento adecuado, precisamente por la necesidad de pactar a la que obliga la actual composición del Parlamento.

(Publicado en "Turia" de Valencia, enero de 2017).