Surge cada cierto tiempo un artículo o unas declaraciones que
arremeten contra la mal llamada “Ley Miró” (en realidad, se trataba de un
Decreto), que se publicase el 14 de enero de 1984 como principal empeño de la realizadora
al frente del ICAA. Y se trae a colación para atribuirle el origen de todos los
males del cine español, de una desafección del público hacia las películas
nacionales que perduraría hasta la actualidad. Nada más falso.
Pilar Miró con Berlanga y Giménez-Rico, en su etapa como Directora General de Cine
Lo que esa disposición legal intentaba, y en buena parte
consiguió, fue dignificar una producción cinematográfica mayoritaria que había
llegado a auténticos límites de bajeza. Está de moda (lo ha hecho recientemente
un documental, Sesión salvaje; lo
hace ahora Álvaro González en el digital “Valenciaplaza”) reivindicar lo que
denominan “géneros populares”, pero
que en la mayoría de los casos eran subproductos rancios que causaban vergüenza
ajena a cualquier espectador con un mínimo de sensibilidad ética y estética. Como
justificación, se dice que fomentaban la industria local y que gozaban del
favor mayoritario. Es el mismo argumento que hoy se emplea para defender los
“reality” de las televisiones privadas…
No, si el público desertó de las salas en la década de los 80
no fue por culpa de Pilar Miró, sino de la masiva llegada del vídeo a los
hogares, así como de la variación en los hábitos de consumo, un fenómeno
sociológico que se dio en toda Europa como consecuencia del desarrollo
económico. Porque, en definitiva, lo que la cineasta buscó con su normativa fue
aplicar en España lo que venía siendo habitual en otros países de nuestro
entorno: ofrecer la posibilidad de contar con subvenciones anticipadas a la
hora de encarar un proyecto, algo que los franceses llevaban tiempo practicando
con su “Avance sur recettes”. Y
facilitar que los directores se convirtiesen en productores de sus propias obras,
igual que años antes habían hecho los alemanes con el Filmverlag der Autoren,
de Fassbinder, Wenders o Herzog. Nada nuevo bajo el sol, por tanto, pero que
aquí escandalizó, sobre todos a quienes vivían como Dios gracias a aquellas
películas lamentables.
Cosa distinta es que diversos productores del momento se
aprovechasen indebidamente del Decreto Miró, tratando de hacer los films solo
con ayudas públicas, sin arriesgar ni una peseta, desprestigiando así al
sistema. Ya se sabe que ante cualquier ley, surge la trampa que trata de
aprovecharse de ella, y más en un país de pícaros como este… Pero solo porque, junto
a facilitar la llegada de nuevos cineastas, la política de Miró permitiese que
otros como Picazo, Patino, Regueiro o Borau reanudasen su interrumpida carrera,
ya merecería el elogio que ahora con tanta injusticia se le niega.
(Publicado en "Turia" de Valencia, febrero de 2020).
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