Parón en el cine español

Parecía que a primeros de abril estaba a punto de salir. Se habían elaborado hasta cinco borradores, donde se reflejaban –o no– las observaciones planteadas por las diversas asociaciones o grupos profesionales que fueron preceptivamente consultados. Pero estamos a mediados de junio y sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Una demora inexplicable (algunos la atribuyen a Hacienda), que ahora, tras el cambio gubernamental, quizá se prolongue bastante más.

Me refiero a la Orden Ministerial que regulará las Ayudas a los distintos sectores del cine español, sustituyendo a la todavía vigente de diciembre de 2015. Pensarán ustedes que se trata de un mero asunto burocrático que solo interesa a los afectados. Se equivocarían, porque el resultado de esta tardanza es que el cine español se halla casi paralizado, especialmente la producción, que no sabe con qué apoyos estatales va a contar para financiar sus películas. Por ello, se están postergando rodajes hasta que ese nuevo texto vea la luz, con lo que ello implica en cuanto a trabajo directo o indirecto de centenares de personas. Es una situación delicada que no se sabe cuándo finalizará. Y nuestro cine no está para parones tan perjudiciales.

Tendrían que conocerse ya las dos convocatorias de las Ayudas Generales a la Producción, como también la de las Selectivas y las de Cortometrajes, Distribución o Festivales. Pero sin la Orden Ministerial que las regule, nada de ello resulta posible, agravado por el hecho de que tampoco se han aprobado todavía los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Domina la incertidumbre, palpable en los diferentes sectores, pese a que los “poderes fácticos” del cine español estén prefiriendo guardar silencio, sobre todo en un momento en que FAPAE –la patronal de los productores– se ha venido abajo de forma estrepitosa.

Para que las convocatorias de Ayudas salgan a tiempo (a estas alturas, ya lo habían hecho de sobra en pasados años), siempre queda el recurso de atenerse a la citada Orden Ministerial de 2015. Aunque dado que en su breve periodo de vida había mostrado sus deficiencias y necesidades de mejora, no parece que este sea el mejor camino. Es urgente, pues, aprobar la nueva Orden que ofrezca respiro a una cinematografía necesitada de seguridad jurídica o, cuando menos, de una cierta estabilidad.

Como contraste con esta incertidumbre, saludemos el nacimiento público de À Punt, la televisión pública valenciana, llamada a jugar un papel decisivo en el audiovisual de la Comunidad. Nadie quiere repetir los disparates de Canal Nou, debidos en buena parte a la manipulación política, por lo que solo queda dar la bienvenida y desear el máximo acierto a todos cuantos conforman este nuevo À Punt, que se integra en un horizonte de esperanzas.

(Publicado en "Turia" de Valencia, junio de 2018).